La prestación de quince días por año que se cobra al renunciar, con el tope que casi nadie aplica bien y los plazos que hacen perder el derecho si se dejan pasar.
$20.00 diarios
5.00 años en total
Tope: $27.25 diarios
Preaviso: 15 días (Art. 2)
Prestación por renuncia voluntaria
$1,500.00
75.00 días de salario × $20.00 de salario diario real. El empleador debe pagarla dentro de los 15 días posteriores a que la renuncia se haga efectiva.
Comparación: qué pasaría si en vez de renunciar lo despidieran sin causa
Renuncia voluntaria · 15 días por año, tope de 2 mínimos
$1,500.00
Despido sin causa · 30 días por año, tope de 4 mínimos (Art. 58 CT)
$3,000.00
No son la misma figura ni se eligen: la prestación por renuncia la cobra quien renuncia; la indemnización, quien es despedido sin causa justificada. Se muestran juntas porque los dos topes se confunden todo el tiempo, y confundirlos cambia la cifra por cuatro.
Fundamento: Art. 8: quince días de salario básico por cada año de servicio, con el salario de referencia topado en dos veces el salario mínimo diario del sector del empleador. El reclamo del trabajador prescribe en 90 días hábiles desde que debió pagarse (Art. 11).
El Código de Trabajo y esta ley usan la misma mecánica —días de salario por año, con un techo atado al salario mínimo diario— pero con números distintos, y la confusión sale cara en las dos direcciones:
Quien liquida una renuncia con el tope de cuatro ofrece el doble de lo que la ley pide; quien liquida un despido con el tope de dos paga la mitad de lo que debe y se expone a un reclamo que perderá.
Treinta días para jefaturas y trabajadores especializados, quince para el resto (Art. 2). El preaviso NO es la renuncia: son dos documentos, aunque el trabajador puede presentarlos juntos si quiere.
En hojas del MTPS o de un juzgado de lo laboral, usadas dentro de los diez días de su expedición, o en documento privado autenticado, con copia del DUI (Art. 3). Una carta informal no habilita la prestación.
El empleador está obligado a recibir preaviso y renuncia y a entregar constancia del día y la hora. Si se niega, el trabajador acude al MTPS, que lo cita y levanta acta (Art. 4).
Contados desde que la renuncia se hace efectiva (Art. 8). El reclamo prescribe a los noventa días hábiles desde esa fecha (Art. 11): es el plazo que más derechos hace perder.
El artículo 38 ordinal 12.º de la Constitución dice que la ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos deben pagar a sus trabajadores permanentes que renuncien una prestación económica fijada según salario y tiempo de servicio. Pero el artículo 252 condicionó ese derecho a que una ley secundaria lo regulara, y durante tres décadas ninguna lo hizo.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tuvo que declarar la inconstitucionalidad por omisión el 1 de febrero de 2013 para que la Asamblea emitiera la ley. Vale la pena saberlo por una razón práctica: es una prestación constitucional, no una concesión del empleador, y por eso el Art. 12 reconoce expresamente que un reglamento interno, un contrato colectivo o la costumbre de la empresa pueden dar más —nunca menos—.
Quince días de salario básico por cada año de servicio, a partir de los dos años (Art. 8 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria). Para este cálculo ningún salario de referencia puede superar dos veces el salario mínimo diario legal vigente del sector al que corresponde la actividad del empleador.
Desde dos años de servicio continuo y efectivo para el mismo empleador, según el Art. 5. Con menos tiempo no hay prestación por renuncia, pero el aguinaldo y la vacación proporcionales se pagan igual: lo ordena el Art. 9 de la misma ley.
Treinta días si se trata de directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados; quince días para el resto (Art. 2). Especializado, para esta ley, es quien recibió capacitación especial a cargo del empleador en los últimos doce meses para el puesto al que renuncia. Sin preaviso no nace el derecho a la prestación.
No para efectos de esta prestación. El Art. 3 exige que la renuncia conste por escrito, firmada, con copia del documento único de identidad, y en hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección de Trabajo del MTPS o por los jueces de primera instancia en materia laboral —usadas el mismo día o dentro de los diez días siguientes—, o bien en documento privado autenticado.
Son dos supuestos distintos y los dos tienen salida. Si se niega a recibirla o a dar constancia del día y hora, el trabajador acude a la sección respectiva del MTPS, que cita al empleador y levanta acta (Art. 4). Y si se niega a pagar la prestación, el Art. 3 es contundente: esa negativa constituye presunción legal de despido injusto, lo que cambia por completo el terreno de la discusión.
En noventa días hábiles contados desde la fecha en que debió efectuarse el pago (Art. 11). Y el pago debe hacerse dentro de los quince días posteriores a que la renuncia se haga efectiva (Art. 8 inc. 3). Es un plazo corto: quien deja pasar el trimestre pierde la pretensión.
No. El Art. 7 declara exenta del pago del Impuesto sobre la Renta la compensación económica que se pague como consecuencia de esta ley.
Solo en el supuesto del Art. 13, llamado multiplicidad de renuncias: cuando en un mismo mes renuncia el 3 % o más de los cotizantes al ISSS de la empresa, o el 10 % o más dentro del mismo año calendario. En ese caso el empleador puede diferir el pago hasta doce meses, en cuotas mensuales, previa resolución de la Dirección General de Trabajo. Fuera de ese supuesto, el plazo son quince días.
Quince días por año es el costo visible. El invisible es reemplazar a alguien que ya conocía el puesto: búsqueda, inducción y meses de curva. Cuando las renuncias se concentran en un área o en una jefatura, una medición de clima con índice de confianza dice la causa que la entrevista de salida calla.
Alcance y responsabilidad
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El resultado no acredita el cumplimiento de ninguna obligación ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el ISSS, las AFP ni cualquier otra autoridad, y no reemplaza la planilla ni los documentos propios de la empresa, que se construyen sobre su operación real. La normativa cambia —el plazo del aguinaldo se movió en octubre de 2025 y los montos del Art. 198 cambiaron antes—: verifique la vigencia de cada norma antes de usarla. Las decisiones que se tomen con esta información, y sus consecuencias, son responsabilidad de quien las adopta.